Muchas mujeres estadounidenses no asistieron a trabajar, se unieron a marchas o vistieron de rojo el miércoles 8 para demostrar su importancia en la economía nacional como parte de las conmemoraciones en el mundo por el Día Internacional de la Mujer.
La protesta del Día Sin Mujeres en Estados Unidos fue conformada por los organizadores de las marchas de la mujer que movilizaron a más de un millón de estadounidenses un día después de la toma de posesión del presidente Donald Trump.
En Las Vegas el impacto no tuvo el efecto esperado, ya que la participación fue mucho menor a la del “Día sin Inmigrantes”.
En las calles no fue notoria la ausencia de mujeres. No hubo estimados inmediatos sobre la cantidad de ellas que faltaron a trabajar.
El evento en Estados Unidos -inspirado en parte por la protesta de Un Día Sin Inmigrantes- formó parte del Día Internacional de la Mujer, designado por las Naciones Unidas.
Latinoamericanas se manifestaron contra la desigualdad de género, en este caso contra la violencia y con la frustración de ver que, pese a su lucha, la desigualdad de género no ha mermado.
Amnistía Internacional denunció que en el continente americano se registran al menos 12 feminicidios por día. “Fueron pocos los avances de los Estados para atajar la violencia contra mujeres y niñas”, señaló la organización en un informe sobre la situación de las mujeres en 2016.
Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) dio libertad a las funcionarias que deseen unirse a la huelga internacional de mujeres. El 56,8% del plantel de ese organismo es femenino.
Según la OEA, aunque en el continente se han logrado avances significativos en los últimos años “aún existen cifras inaceptables de feminicidios, de violencia doméstica, de discriminación y precariedad laboral”.
A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a los Estados a “reafirmar su compromiso con la igualdad de género”.
“En Estados Unidos, en promedio, a las mujeres afrodescendientes se les paga sólo 64 centavos y a las latinoamericanas sólo 54 centavos por cada dólar que gana un hombre”, indicó la CIDH.
Por su parte, las salvadoreñas participaron en marchas para exigir que se despenalice el aborto. Las organizaciones feministas consideran que es de urgencia que se reforme el Código Penal, ya que hay registros de mil 440 casos de niñas que fueron obligadas a continuar con los embarazos, pese a que estos fueron resultado de abuso sexual.
El Salvador modificó el Código Penal en 1989 para prohibir el aborto en cualquier circunstancia, incluso cuando el embarazo es producto de violación, incesto o que la vida de la madre corra peligro. La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico, y debido a un cambio en la tipificación del delito de aborto a homicidio agravado, una mujer podría ser condenada a una pena de hasta 50 años de prisión.
