Un juez federal estadunidense prohibió a las autoridades del Condado de Maricopa, entre ellos el polémico sheriff Joe Arpaio, detener y procesar a inmigrantes indocumentados que paguen para ingresar a territorio estadunidense.
El juez federal, Robert Broomfield, dijo que Arpaio y el fiscal del Condado de Maricopa, William G. Montgomery, no pueden seguir deteniendo y procesando a indocumentados por conspiración con traficantes, al pagarles para ser introducidos de contrabando al país.
Arpaio, quien se ha distinguido por su combate a los indocumentados, se ha valido desde hace varios años de un par de leyes de Arizona para detener a cientos de indocumentados bajo el cargo de “conspirar consigo mismo para contrabandearse a través de la frontera”.
La legislatura de Arizona aprobó en 2005 una ley que criminaliza el tráfico de personas, que Arpaio utiliza en combinación con normas contra la conspiración para detener, acusar y procesar a los inmigrantes por “conspirar para transportarse a sí mismos”.
En 2006, la Coalición “We Are America/Somos América”, integrada por grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, interpuso una demanda para detener la práctica de Arpaio, conocida como Política de Conspiración Migrante del Condado de Maricopa.
De acuerdo con la coalición, para finales del 2012, Arpaio había arrestado y acusado a unos dos mil indocumentados por estos cargos.
De ellos, unos mil 500 pasaron entre dos o tres meses detenidos antes de declararse culpables de ese delito y ser entregados a las autoridades de inmigración para ser deportados a sus países de origen.
En su dictamen, el juez Broomfield, sostuvo que la Política de Conspiración Migrante del Condado de Maricopa es anticonstitucional porque contraviene la ley federal, que no penaliza la conducta de los indocumentados de pagar para ser contrabandeados.
Meses atrás, otro juez federal ya había declarado a Arpaio y a sus agentes culpables de incurrir en perfil racial y discriminar a los hispanos.
A raíz de su fallo en mayo pasado, el juez federal G. Murray Snow, ordenó a Arpaio y a los 800 agentes de su Oficina, el suspender sus operativos migratorios al dictaminar que los mismos eran anticonstitucionales.
El dictamen de Snow sostiene que las disposiciones de Arpaio a sus agentes sobre asuntos migratorios violaban la cuarta y décimo cuarta enmienda constitucional. Phoenix (NOTIMEX)
