Por Yazmín BELTRÁN
Dos personas luchan por el derecho a permanecer en el país luego de haber sido detenidas por infracciones de tráfico. Esto, gracias a un acuerdo entre el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), en donde oficiales de Metro en la cárcel, revisan el estatus de ciudadanía de los detenidos, para luego reportar a cualquier detenido indocumentado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y así iniciar los procedimientos de deportación.
Este acuerdo se conoce como el Programa 287g, y fue firmado por el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el año 2008, durante la administración del Presidente Barack Obama. Y pesar de que en ese entonces, la administración del anterior mandatario enfatizaba que la prioridad era la deportación de inmigrantes con historial criminal, el nuevo presidente, Donald Trump ha mostrado su deseo por hacer cumplir este tipo de programas y deportar a cualquier inmigrante indocumentado.
“Es importante recalcar que esto es una opción. No se requiere que una cárcel local tenga que cooperar con ICE”, declaró Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de UNLV. De acuerdo a Kagan, los recursos a lo que los inmigrantes pueden acceder en esta ciudad son mínimos y las detenciones van en aumento.
“Las Vegas es un lugar particularmente malo para ser detenido por ICE. Esto se debe a que es más difícil obtener defensa legal aquí que en otras ciudades grandes como en el estado de California”, aseguró Kagan, quien agregó durante una entrevista otorgada a NReal Media, que solamente horas antes, dos personas que se encontraban detenidas ya habían contactado a la Clínica de Inmigración.
Mientras tanto, representantes de distintas organizaciones han alzado su voz y dado a conocer su preocupación por este tipo de programas, que de acuerdo a ellos, criminaliza a las comunidades inmigrantes. Alicia Moya, madre de dos niños, habló sobre lo difícil que ha sido el enfrentar una posible deportación después de haber sido detenida por infracciones de tráfico que no había pagado.
“Yo no había podido pagar mis infracciones porque como madre trabajando y ganando el salario mínimo, simplemente no podía pagar. Por esa razón fue que me arrestaron, estuve detenida por un mes, y puesta en proceso de deportación. Esto casi destruye mi familia y en estos momentos me encuentro enfrentando una larga batalla para poder quedarme aquí, en mi casa y con mi familia”, declaró Moya.
Durante la conferencia de prensa, llevada a cabo en el Centro Arriba Las Vegas Workers Center, manifestantes denunciaron con pancartas el fin del acuerdo 287g, así como también críticas hacia Adam Laxalt, fiscal general de Nevada, con respecto a sus infracciones de tráfico por exceso de velocidad desde hace 15 años y por las cuales no sufrió consecuencia legal.
“El fiscal general Adam Laxalt simplemente ignoró sus propias violaciones de tráfico por 15 años y sin ninguna consecuencia. El mismo hombre que ve por la impartición de leyes que se usan para atacarme. ¿Por qué él cree que se puede salir con la suya mientras mi vida ha dado un vuelco inesperado?”, preguntó Moya.
