Un responsable de condado del estado estadounidense de Nuevo México fue destituido recientemente tras comprobarse que tomó parte en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, la primera vez en más de cien años que se inhabilita a un cargo público por participar en una “insurrección”.
La decisión, adoptada por un juez federal del mismo estado convierte al acusado, Couy Griffin, en el primer funcionario en más de un siglo en ser inhabilitado de acuerdo a una norma constitucional que impide a “insurgentes” ostentar cargos públicos.
El juez, Francis Mathew, consideró que el asalto al Capitolio, en el que cientos de simpatizantes del expresidente Donald Trump (2017-2021) irrumpieron en la sede del poder legislativo con el objetivo de tratar de detener la confirmación en las urnas de la victoria electoral de Joe Biden, fue una “insurrección”.
Por tanto, Griffin, que participó en el asalto atravesando barricadas y animando a cientos de participantes, fue considerado por tal acción un insurgente por lo que está inhabilitado para ostentar cargos públicos.
La regla constitucional que se refiere a los insurgentes, parte de la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense, fue ideada específicamente para castigar de manera ejemplarizante a los representantes confederados tras la Guerra Civil, y vale significar que no se utilizaba en Estados Unidos desde 1919, recoge el periódico The New York Times.
Sin embargo, varios activistas abogan, o son partidarios de que se utilice la mencionada decimocuarta enmienda para inhabilitar al expresidente Donald Trump y a varios de sus simpatizantes, y evitar de esa manera que puedan presentarse a la reelección en la próxima campaña electoral.
La referida norma establece de manera categórica que “ninguna persona (...) que haya jurado apoyar la Constitución de EEUU y después haya tomado parte en una rebelión o insurrección contra la misma” está en condiciones de ostentar cargos públicos, civiles o militares en el país. Washington (EFE)
