Un organismo que fiscaliza el gasto público en Brasil pidió que el Gobierno explique su decisión de invertir en cloroquina, que el presidente Jair Bolsonaro ha promocionado contra la covid-19 sin prueba científica alguna.
De acuerdo a datos oficiales, el Gobierno ya ha gastado más de 100 millones de reales (cerca de 20 millones de dólares) tanto en hidroxicloroquina como en otros medicamentos de cuya eficiencia ante el coronavirus duda buena parte de la comunidad científica.
En ese marco, el magistrado Benjamín Zymler, miembro del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), remitió al Ministerio de Salud un pedido de explicaciones fundamentado, entre otros factores, en que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) no llegó a autorizar el uso de esas medicinas contra la covid-19.
Zymler subrayó que "no hubo una manifestación de Anvisa", órgano regulador del sector sanitario, "sobre los medicamentos a base de cloroquina para el tratamiento de la covid-19 y tampoco la hubo de organismos internacionales", por lo cual no existe "amparo legal" para que sean usados en la red pública de salud.
Sin embargo, ese antipalúdico usado contra la malaria forma parte de un grupo de medicinas que el Ministerio de Salud ha determinado que se apliquen a pacientes de coronavirus como parte de lo que ese despacho y el propio Bolsonaro califican de "tratamiento precoz".
El oficio dirigido por el magistrado al Gobierno da un plazo de cinco días para que se aclare tanto el gasto como las razones por las que esos medicamentos se distribuyen en la red pública, lo que supone una nueva presión sobre el Ministerio de Salud.
Este lunes, el magistrado Ricardo Lewandowski, uno de los once miembros de la Corte Suprema, aprobó el inicio de una investigación solicitada por la Fiscalía General para determinar si el ministro de Salud, general Eduardo Pazuello, tuvo alguna responsabilidad en el colapso del sistema sanitario en la ciudad amazónica de Manaos.
Según denunciaron partidos de oposición, Pazuello supo con varios días de anticipación de que el sistema sanitario de Manaos entraría en total colapso por la falta de oxígeno para atender a los enfermos de la covid-19 conectados a respiradores mecánicos, y no adoptó ninguna medida pare evitar el agravamiento de la situación.
Pazuello ha admitido que la empresa White Martins, responsable por abastecer de oxígeno hospitalario al estado de Amazonas, alertó al Ministerio de Salud el 8 de enero de que ya no podía responder al aumento de la demanda generado por la segunda ola de la pandemia.
Sin embargo, ese despacho apenas se movilizó a partir del 12 de enero, cuando envío oxígeno a Manaos en aviones militares, pero en un volumen insuficiente para evitar el colapso que acabó por ocurrir el 14 de enero, cuando parte de los enfermos conectados a respiradores se quedó sin el elemento y comenzó a morir por asfixia.
Una vez que la Corte Suprema autorizó la investigación de esos hechos, el ministro Pazuello viajó a Manaos, donde según han dicho fuentes de su despacho deberá permanecer durante los próximos días.
La situación en Manaos ha sido relativamente controlada, gracias al envío de oxígeno en aviones militares y a una donación hecha por Venezuela, así como también por el traslado de decenas de pacientes con la covid-19 de Amazonas a otros estados del país.
Aún así, frente al agravamiento de la pandemia, las autoridades regionales de Amazonas impusieron un toque de queda de 24 horas diarias por una semana, período en que sólo podrán funcionar los llamados servicios esenciales.
Brasil, con 210 millones de habitantes, es uno de los epicentros globales de la pandemia y hasta ahora acumula unos 218 mil muertos y más de 8,8 millones de casos. Brasilia (EFE)
