En 2018, Mike Ferraro vivía en la calle y compartía jeringas con otras personas que se inyectaban drogas cuando descubrió que era VIH positivo.
“Pensé que era una sentencia de muerte, cuando tienes llagas y te deterioras”, dijo.
Ferraro se enteró de su estatus de VIH a través de una iniciativa de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami llamada IDEA Exchange, que enviaba médicos y estudiantes de medicina a la esquina donde pedía limosna.
Se hizo la prueba y se inscribió en el programa, que también proporciona jeringas limpias, medicamentos para revertir las sobredosis, y fármacos para la prevención y el tratamiento del VIH.
En circunstancias normales, podría haber pasado meses antes de que Ferraro comenzara con la medicación de supresión viral, si es que lo lograba. Pero el mismo día que se enteró de su estatus, un médico de IDEA Exchange comenzó a recetarle medicamentos.
Ahora, su VIH está bajo control y está recuperándose del consumo de drogas. “Salvan vidas”, dijo Ferraro, ahora de 55 años, y agregó que lo trataron con amabilidad y respeto, y no se sintió estigmatizado, lo que lo alentó a iniciar el tratamiento.
Lanzado en 2016, IDEA Exchange práctica un nuevo enfoque para tratar y prevenir las infecciones por VIH que combina la telemedicina con la divulgación directa, ayudado por más de 400.000 dólares en subvenciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y otras agencias federales.
La financiación forma parte de un esfuerzo nacional lanzado por la Casa Blanca en 2019, bajo el ex presidente Donald Trump, llamado “Terminar con la epidemia de VIH en EE.UU.”. La iniciativa federal tiene como objetivo reducir el número de nuevas infecciones por VIH en todo el país en un 75% para 2025, y en un 90% para 2030.
Las agencias federales de salud han enviado cientos de millones de dólares a las ciudades, estados y territorios más afectados por la epidemia, muchos en el sur. Georgia, Louisiana y Florida estuvieron entre los estados con las tasas más altas de nuevos diagnósticos de VIH en 2020, según los CDC.
Sin embargo, las personas que viven con VIH, médicos, expertos en enfermedades infecciosas, grupos comunitarios y algunos de los principales funcionarios de VIH del país dicen que la iniciativa podría no cumplir con su principal objetivo para 2030.
“¿Creo que todo el país va a alcanzar esa meta? No lo creo”, dijo Harold Phillips, jefe de la Oficina Nacional de Política del SIDA de la Casa Blanca.
La pandemia de covid-19, la escasez de personal y la burocracia han frenado los esfuerzos de respuesta al VIH. Y los programas locales han sido obstaculizados en lugares donde el estigma y la discriminación son fomentados por mensajes anti-LGBTQ+ de los funcionarios electos, especialmente en estados donde los legisladores han propuesto restricciones en la atención médica, la educación y los espectáculos de drag queens.
“No estamos todos en el mismo punto de partida”, dijo Phillips.
Desde 2019, el Congreso ha aumentado gradualmente el gasto en los esfuerzos del programa para prevenir el VIH (son 573 millones para el año fiscal actual), pero ha proporcionado repetidamente menos de lo que Trump o, más tarde, el presidente Joe Biden, solicitaron.
Ahora, con los republicanos buscando fuertes recortes presupuestarios, la solicitud actual de Biden de 850 millones se encuentra en terreno inestable.
Pero incluso cuando la administración busca más dinero, los funcionarios de salud pública estatales y locales no han podido gastar todos los cientos de millones que se les han otorgado.
Kentucky, Carolina del Sur y Arkansas habían gastado menos de la mitad de sus asignaciones. Y funcionarios en los condados de DeKalb, Georgia; Harris, Texas; y Mecklenburg, Carolina del Norte, dijeron que aún tenían que gastar todos sus fondos.
Esos dólares deben utilizarse dentro de los límites del condado, lo que reduce su impacto en las partes periféricas del área metropolitana, dijo Matt Jenkis, director de la división de VIH/ETS de Salud Pública del Condado de Mecklenburg, en Charlotte.
Y los requisitos de que los contratos de más de 100.000 dólares pasen por un proceso de licitación intenso, y que las decisiones finales de gastos reciban la aprobación del estado también actúan como obstáculos, dijo Jenkins.
Mientras funcionarios como Jenkins se enfrentan a problemas burocráticos y logísticos, algunos programas de VIH también enfrentan obstáculos políticos e ideológicos desde hace décadas.
Este es el caso en el condado de Tarrant, Texas, dijo Hope Adams, gerente del programa local “Terminar con la Pandemia de VIH”. Los líderes allí dudan en reconocer que el VIH afecta de manera desproporcionada a grupos marginados como hombres negros e hispanos homosexuales y bisexuales, mujeres negras heterosexuales y personas transgénero.
“Si niega que existe una discriminación sistémica, entonces no se querrá financiar programas que digan: ‘Oye, debemos centrarnos en las poblaciones desfavorecidas’”, dijo.
Esa mentalidad también limita la forma en que su agencia puede llegar a las personas, dijo Adams. Le gustaría promocionar servicios en aplicaciones de citas como Grindr y Tinder, pero dijo que solo puede usar las “seguras”: Facebook, Instagram y Twitter.
“Nuestro mensaje tiene que ser conservador. Tiene que estar redactado con mucha delicadeza. No puedes tener una imagen de un condón, por ejemplo”, dijo. “Nos afecta en términos de transmitir nuestro mensaje de una manera que se conecte con las personas y con la audiencia adecuada”.
Reconocer los problemas estructurales puede hacer que los funcionarios sean etiquetados como “activistas o progresistas”, inyectando política en la salud pública y “socavando” el progreso, a pesar de los avances científicos logrados en el tratamiento y la prevención del VIH.
Al igual que la pandemia de covid, la epidemia de VIH ha puesto de relieve las desigualdades sociales y económicas de larga data, que reducen el acceso a la atención.
Aunque la mayoría de las personas con seguro privado no pagan de su bolsillo la PrEP, y las visitas al médico y las pruebas de laboratorio relacionadas, eso puede cambiar, en espera del resultado final de una impugnación legal a un mandato de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) de que la mayoría de los planes de seguro privados cubran los servicios preventivos recomendados. Derogar el requisito podría hacer que la atención preventiva del VIH fuera inasequible para muchas personas.
Mitchell Warren, director ejecutivo de AVAC, un grupo mundial de defensa del VIH, señaló también otros desafíos sociales, como los legisladores en distintas partes de Estados Unidos atacando la atención de afirmación de género, espectáculos de drag y programas de diversidad, equidad e inclusión. La política, y la presión de los activistas conservadores, llevaron recientemente al estado de Tennessee a rechazar más de 8 millones en fondos federales para combatir el VIH.
“A menudo pensamos que el VIH tiene que ver con los condones, la terapia antirretroviral y la PrEP”, dijo Warren. “Es así. Pero esos productos solo ayudan a las personas si pueden ingresar a un centro donde las traten con respeto, con atención de alta calidad, donde no les preocupe que la clínica sea bombardeada o cerrada por la controversia”.
Phillips, de la Casa Blanca, un hombre abiertamente homosexual que vive con VIH, reconoció el “entorno difícil” actual y dijo que recordaba “los días en que el VIH tenía apoyo bipartidista”.
Esperaba que los funcionarios electos pudieran volver a encontrar ese terreno común, reconocer el valor de la prevención del VIH y continuar invirtiendo en ella, incluso más allá de la fecha límite de 2030.
Poner fin a la epidemia requerirá una financiación sostenida y voluntad política, que pueden verse amenazadas independientemente de si un programa falla en su objetivo o muestra signos de éxito, dijo Bernard Davis, presidente de RAO Community Health una clínica en Charlotte.
“Cuando comienzas a ver que los resultados se ven mejor que antes, entonces eliminas esos dólares”, dijo. “Y bien, la comunidad vuelve a donde estaba al principio, porque esos recursos ya no están”.
