La protección a los extranjeros se convirtió este año en uno de los puntos más importantes de análisis de la Defensoría del Pueblo español, pues no sólo contribuye a la transformación sino que representa un 15 por ciento de la fuerza de trabajo en el país.
El informe del Defensor del Pueblo, órgano de atención a los derechos humanos en España, dio a conocer este miércoles las conclusiones del análisis del 2019 sobre las violaciones a derechos humanos y las oportunidades de mejora en la nación.
La migración ha permitido cambios demográficos por evitar el envejecimiento poblacional y prolongar la caída de la fertilidad, esto otorga un nuevo impulso a la sociedad, por lo que el texto recomienda “mejorar la documentación de menores extranjeros no acompañados” para que al llegar a la vida adulta no tengan problemas de integración al sector laboral.
Los cambios tecnológicos también se activan gracias a la llegada de personas calificadas, por lo que recomiendan “facilitar las autorizaciones de trabajo y residencia iniciales”, que también permitan un fácil cambio de sector laboral. Esto también afecta a otros trabajadores recién llegados a España, que sus contratos no les permiten planear un futuro en el país.
Por otra parte, los trabajos que realizan las personas provenientes de otros países no podrían ser fácilmente suplantados por personas locales, pues 16.7 millones otorgan su fuerza laboral en la región y han permitido, sobre todo, que se amplíen las labores de cuidados de niños, niñas y adultos mayores.
En el informe del 2019 Francisco Fernández Marugán, defensor del Pueblo, decidió anexar un apartado especial sobre la problemática de la migración al informe tradicional que se entrega a las autoridades.
Dicho informe recomienda que se refuerce la atención sanitaria primaria y se revise la forma de pago de los medicamentos, de igual manera espera que se realicen reformas a las casas de atención que normalmente albergan adultos mayores y residentes con deterioro cognitivo. Estos centros se han colocado ante la mirada pública en 2020 pues son de los más afectados por COVID-19.
De igual manera se propone una mejora a las instalaciones educativas y la facilidad para obtener becas que motiven a los alumnos a continuar con sus estudios, así como servicios agregados como el transporte y los alimentos a quienes lo necesiten.
La Defensoría del Pueblo también denunció el asesinato de 55 mujeres víctimas de la violencia machista en 2019, al igual que tres personas menores de edad, por lo que reclama que España aplique el concepto de violencia de género del Convenio de Estambul, que aborda la lucha en contra de la violencia perpetrada contra las mujeres y la doméstica.
Respecto a las manifestaciones por la independencia catalana, refiere que la mayoría de los manifestantes actuaron de forma pacífica, por lo que llama al Ministerio del Interior a realizar un protocolo sobre el uso de la fuerza para proteger a los ciudadanos que expresan sus opiniones en el país.
En total la institución tramitó 20 mil 616 expedientes y 17 mil 402 ciudadanos fueron atendido de forma personal y advierte que las resoluciones del 2019, ante la pandemia, podrían verse desproporcionadas, pero deben someterse a un análisis del contexto de este año. Madrid (NOTIMEX)
