El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que no habrá conversaciones formales sobre el proyecto de reforma inmigratoria aprobado por el Senado, una nueva señal del liderazgo republicano de que el tema no será tratado en lo que resta del año.
En tanto, el presidente Barack Obama y líderes religiosos concordaron en que la reforma de las leyes inmigratorias es un imperativo moral y se comprometieron a presionar al Congreso para que voten sobre el tema, dijo la Casa Blanca.
Ocho líderes de organizaciones confesionales se reunieron con Obama, el vicepresidente Joe Biden y altos funcionarios de la presidencia para mantener la presión sobre los legisladores.
Boehner dijo a los periodistas en el Congreso que quiere enfocar el asunto por partes y no de manera global. Se negó a responder cuando le preguntaron si habría una votación en la cámara este año o si el tema pasará a 2014, en que la atención política que se le prestará a las elecciones para el Congreso disminuye aún más las posibilidades de que se actúe al respecto.
El enconado enfrentamiento con el presidente Barack Obama en torno al presupuesto y el hecho de que el país haya estado a punto de caer en la mora de pagos de su deuda hicieron enfurecer aún más a los republicanos de la cámara baja, que han resistido cualquier maniobra que pudiera darle a Obama una reforma en las leyes que regulan la inmigración, el tema más importante de su agenda interna en su segundo período en el gobierno.
“La idea de que vamos a tomar un proyecto de ley de mil 300 páginas que nadie había leído nunca, que es lo que hizo el Senado, no va a ocurrir en la Cámara de Representantes y francamente dejaré bien claro que no tenemos intención de jamás conferenciar sobre el proyecto de ley del Senado”, declaró Boehner a periodistas en una conferencia de prensa.
Dijo que el representante Robert Goodlatte, el presidente republicano de la Comisión Judicial de la cámara baja, trabaja en “una serie de principios para ayudar a que nos guíen a medida que hacemos frente a esta cuestión”.
En junio, el Senado aprobó un proyecto que daría acceso a la ciudadanía a los 11 millones de inmigrantes en situación irregular en el país, además de acrecentar la seguridad en la frontera. Washington (AP)
