Por Jim KUHNHENN
Con su agenda hecha girones por las confrontaciones y tropiezos del año pasado, el presidente Barack Obama comienza el 2014 aferrado a la esperanza de poder conseguir un éxito legislativo duradero: la reforma de las leyes de inmigración.
Pero eso exigirá un uso diestro y cuidadoso de sus poderes y combinar una campaña pública frente las protestas por la cifra récord de deportaciones de su gobierno con negociaciones tras bambalinas con el Congreso, algo que según legisladores y defensores de los inmigrantes es una importante debilidad de la Casa Blanca.
En semanas recientes tanto Obama como el presidente de la Cámara, John Boehner, republicano por Ohio, han enviado señales que han aumentado las expectativas entre los defensores de la reforma de que este año pudiera finalmente generar el primer cambio integral de las leyes de inmigración en casi tres decenios. Si sale adelante, cumpliría una promesa de Obama que muchos hispanos dicen que debería haberse implementado hace tiempo.
El Senado aprobó el año pasado un proyecto de ley bipartidista de alcance abarcador que toma en cuenta la seguridad en la frontera con México, contempla medidas de cumplimiento y ofrece un camino a la ciudadanía para 11 millones de personas que viven en el país sin autorización legal. Los líderes de la Cámara, presionados por los conservadores del Tea Party, han exigido un enfoque gradual y no integral.
En una señal de una posible apertura, Obama ha dejado de insistir en que la Cámara apruebe la versión del Senado. Y dos días después de llamar a Boehner en noviembre para felicitarlo por su cumpleaños, Obama dejó en claro que está dispuesto a aceptar el enfoque de la Cámara, con una advertencia: al final “vamos a tener que hacerlo todo”.
Por su parte, Boehner contrató en diciembre a Rebecca Tallent, ex asistente clave del senador John McCain y más recientemente directora de un equipo especial sobre inmigración de un grupo de estudios bipartidista. Incluso los que se oponen a una reforma amplia de las leyes de inmigración vieron en la contratación de Tallent una señal de que la aprobación de una ley de repente se ha vuelto más probable. Boehner también alimentó especulaciones de que ignoraría las presiones del Tea Party, rechazando de plano sus críticas al modesto acuerdo de presupuesto logrado en diciembre.
“Creemos que la reforma migratoria va a aprobarse”, dijo el vocero de la Casa Blanca Jay Carney el martes. “Se aprobará, depende de la Cámara de Representantes decidir cuándo, pero va a suceder”.
“La interrogante es cuáles son las cosas claves que los republicanos no pueden dejar de lado y cuáles son los temas que los demócratas no pueden soslayar”, dijo el encuestador republicano David Winston, quien consulta de manera regular con los líderes de la Cámara. “Hay preferencias y elementos clave. Eso es parte del proceso de negociación”.
Si sale adelante, un acuerdo sobre la inmigración podría restaurar parte de la agenda de Obama, que salió mal parada en 2013 cuando no pudo aprobar leyes más estrictas sobre las armas de fuego, por el rechazo bipartidista a sus esfuerzos para atacar militarmente a Siria y el desastroso comienzo de la nueva ley de servicios médicos.
Obama ha dicho repetidamente que la ley definitiva de inmigración tiene que incluir un camino a la ciudadanía para los que viven en el país sin autorización. Los que se oponen alegan que la ciudadanía premia a los que no respetan la ley y muchos republicanos se muestran en extremo reacios a cualquier medida que otorgue la ciudadanía sin importar la dificultad o el tiempo que demore conseguirla.
Pero algunos defensores de la reforma han comenzado a apoyar la idea de otorgar a los inmigrantes un estatus legal en Estados Unidos y dejar el tema de la ciudadanía fuera de la ley. En otras palabras, pueden trabajar pero no votar.
“No creo que sea una buena idea porque la ciudadanía es importante, pero tampoco creo que impida un acuerdo”, dijo el representante Luis Gutiérrez, demócrata por Illinois y destacado defensor de la reforma, en un discurso el mes pasado.
“Ahora lo que tenemos que hacer es detener las deportaciones que están afectando a las familias. Y si no conseguimos la ciudadanía este año, será el próximo o el de más adelante”, dijo.
Aunque la amplia mayoría de los hispanos aún respaldan la política de que se les otorgue ciudadanía una encuesta levantada por el Centro Pew el mes pasado encontró que para los latinos es más importante la posibilidad de vivir y trabajar en Estados Unidos legalmente por proporción de 55 a 35%.
“¿El punto que nos divide será si le daremos derecho al voto a quienes llegaron aquí en forma ilegal?”, dijo el domingo el senador republicano Rand Paul, quien votó en contra de la ley de inmigración. “Si los demócratas están dispuestos a encontrar un punto medio podremos aprobar una reforma significativa que ayudará a las 11 millones de personas que se encuentran aquí”.
Carney dijo el martes que los objetivos de Obama no han cambiado y que sigue insistiendo en una reforma amplia que incluya una vía para la ciudadanía.
Lo que llama la atención, sin embargo, es que el debate sobre la inmigración es ahora sobre legalización contra ciudadanía. Un proyecto de ley republicano en la Cámara en 2005, en vez de legalizar a los inmigrantes los hubiera convertido en delincuentes.
“Hay un cambio sísmico en el debate”, dijo Randy Johnson, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que favorece la reforma.
Obama, cuyo apoyo entre los hispanos ha bajado de casi 80% a 55%, ha estado bajo una fuerte presión para limitar las deportaciones por decisión ejecutiva. El Departamento de Seguridad Nacional ha deportado a 1,9 millones de personas durante los casi cinco años que el presidente lleva en el cargo, en su mayoría delincuentes, personas que representan riesgos de seguridad nacional, otras que violaron gravemente la ley de inmigración y migrantes que cruzaron recientemente la frontera. De los 368,644 inmigrantes deportados el año pasado, dos de cada tres estaban en frontera de Estados Unidos, o cerca de ella.
“Mientras no se logre la reforma de las leyes de inmigración, en combinación con el nivel récord de deportaciones, seguirá habiendo mucha insatisfacción entre la comunidad hispana con el presidente”, dijo Janet Murguía, presidenta y directora general del Consejo Nacional de La Raza.
Y la estrategia de la Casa Blanca no ha sido la mejor. Defensores de los inmigrantes y legisladores demócratas dicen que el año pasado la Casa Blanca cometió un gran error al suponer que la ley bipartidista aprobada en el Senado crearía suficiente impulso para arrasar en la Cámara.
“No comprendieron para nada el impacto que tendría la ley del Senado”, dijo la representante Zoe Lofgren, de California, una demócrata clave en materia de inmigración que pertenece a la Comisión Judicial de la Cámara.
“Pensar que eso transformaría mágicamente la Cámara de Representantes nunca fue algo realista”. WASHINGTON (AP)
