Estados Unidos formalizó el pasado cinco de junio el inicio del proceso para que unos 560 mil jóvenes indocumentados renueven su inclusión en el programa de acción diferida denominado DACA y queden protegidos por dos años contra la amenaza de deportación.
El titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Jeh Johnson, dijo que la medida responde a los valores que Estados Unidos promueve, pero la respuesta final a la situación de estos jóvenes y millones de indocumentados descansa en la aprobación de una amplia reforma migratoria.
“Pese a la acrimonia y el partidismo que hay en Washington, la mayoría estamos de acuerdo que un niño que cruzó ilegalmente la frontera con sus padres, en busca de sus padres o una mejor vida, no tomó decisiones de adulto para quebrantar nuestras leyes y debería ser tratado de manera diferente”, dijo.
En un comunicado, el DHS señaló que por instrucciones de Johnson la Oficina de Ciudadanía y Migración (USCIS, por sus siglas en inglés) empezará a recibir a partir de este día las solicitudes de los jóvenes inscritos en el programa para renovar su inclusión, o los que busquen hacerlo por vez primera.
La primera fase del programa implementada a partir de junio de 2012 concluirá en septiembre próximo, por lo que los jóvenes deberán presentar su solicitud al menos con 120 días de anticipación para obtener igualmente la renovación a tiempo de sus permisos de trabajo.
Los jóvenes interesados deberán iniciar el proceso con la presentación de la forma I-821D y la forma I-765 para la renovación del permiso de trabajo, además de un pago de 465 dólares para cubrir el costo de la fotografía, las huellas digitales y el procesamiento.
Para ser inscritos en el programa, éstos jóvenes deben cumplir requerimientos como haber llegado al país siendo menores de 16 años, no ser mayores de 30 al momento de presentar su solicitud y haber residido de manera interrumpida en el país durante al menos cinco años.
Además debieron estar cursando estudios superiores o haberse graduado de la escuela secundaria obteniendo un diploma de educación general o GED, como es conocido de manera común.
Además ser miembro activo o haber servido en las Fuerzas Armadas o en la guardia costera. De igual manera deben demostrar que no cuentan con antecedentes criminales.
El DHS explicó que aquellos que no han residido de manera interrumpida desde el 15 de junio de 2007 serán ilegibles para esta protección. Washington (NOTIMEX)
