La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó un acuerdo para compensar económicamente a más de 18 mil 500 inmigrantes que fueron detenidos ilegalmente en las cárceles locales para ser entregados a las autoridades migratorias, y que en la mayoría de casos terminaron deportados.
El acuerdo hace parte de una demanda presentada en 2012 por parte de varios inmigrantes que fueron retenidos en las cárceles del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD), a veces durante meses, cumpliendo con los pedidos de retención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Más de 18.500 personas tienen derecho a una compensación en virtud del acuerdo, que cubre las detenciones desde octubre de 2010 hasta junio de 2014.
Durante el período cubierto, el condado de Los Ángeles fue responsable de retener a más personas en sus cárceles por solicitud del ICE que cualquier otro condado y la mayoría de los demás estados de la nación, advirtió este martes la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California en un comunicado.
"Dejemos que este acuerdo sea una llamada de atención para todas esas agencias de aplicación de la ley en todo el país que hoy continúan encarcelando a personas ilegalmente por solicitudes sin orden judicial del ICE", advirtió Jennie Pasquarella, directora de derechos de inmigrantes de ACLU SoCal.
La querella legal, conocida como Roy v County of Los Angeles, fue presentada en nombre de cinco inmigrantes, entre ellos el mexicano Alain Martínez Pérez, que fue retenido por los alguaciles de forma ilegal por 6 días en diciembre de 2011 sin permitírsele que le dieran una fianza.
Clemente De La Cerda y Christian Michel Varela, ambos de nacionalidad mexicana, también hicieron parte de la demanda inicial que fue presentada por ACLU, la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), y el bufete de abogados de derechos civiles Kaye, McLane, Bednarski & Litt.
“Durante años, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, la agencia de aplicación de la ley más grande de Estados Unidos, negó cruelmente a los inmigrantes las protecciones constitucionales que se aplican universalmente a todos los demás detenidos en la cárcel, reteniéndolos injustificadamente sin causa como prisioneros”, dijo Lindsay Battles, socia del despacho legal.
Según los términos del acuerdo, cada demandante es elegible para recibir de 250 a 25.000 dólares, según el tiempo de retención y otras circunstancias.
Los fondos excedentes, si los hay después de que se les pague a los demandantes, se destinarán a programas que brindan representación legal a personas que enfrentan consecuencias de inmigración debido a un arresto o condena.
En 2014, el LASD acordó detener la práctica pero siguió colaborando con el ICE hasta la llegada del jefe Alex Villanueva, quien puso fin a la colaboración y no permitió a los agentes de migración estar dentro de las cárceles.
Villanueva ha apoyado las políticas santuario como la ley SB 64, que la Administración del presidente Donald Trump y el ICE han tenido en la mira.
"Durante los últimos cuatro años, el ICE y la Administración Trump han coaccionado, amenazado y difamado a las llamadas ciudades santuario por negarse a honrar las solicitudes ilegales de retención del ICE", resaltó Mark Fleming, director asociado de litigios del NIJC.
La semana pasada el secretario de Seguridad Nacional, Chad Wolf, informó el arresto de 128 inmigrantes en California como parte del operativo "Operation Rise”, en medio de una campaña de las autoridades federales para poner de relieve su oposición a las comunidades santuario.
"Lamentablemente, hay dirigentes políticos, muchos de ellos en California, que dan prioridad a la política sobre la seguridad con las así llamadas 'ciudades santuario'", dijo Wolf en una conferencia de prensa. "Erróneamente, creen que esto muestra compasión, pero el hecho es que no muestra compasión por las vidas de los estadounidenses", agregó. Los Ángeles (EFE)
