Por Alexander ZAPATA
Uno de los aspectos que más destaca de la Policía Metropolitana de la ciudad de Las Vegas es el querer establecer un contacto directo, franco y transparente con la comunidad, incluyendo claro está a los inmigrantes de cualquier nacionalidad.
En diversas ocasiones se ha insistido que la policía no cumple roles de agencias de inmigración, o lo que es lo mismo, no realiza redadas o detiene a personas por su estatus migratorio.
Sin embargo, cuando hablamos de las cárceles o centros de detención, la 287-g trae desconfianza en cierta parte de la comunidad, en especial de las organizaciones que se dedican a colaborar de manera constante con la comunidad indocumentada.
Pero: ¿Qué es la 287-g y cuál es su alcance? Aden Ocampo-Gomez, oficial de información de la Policía Metropolitana de Las Vegas informó que este acuerdo “existe desde noviembre de 2008 y solo se utiliza en la cárcel del condado, donde los oficiales de corrección de Metro actúan. Se chequea el récord de las personas arrestadas y pasan por un chequeo en una estación de inmigración”.
Ocampo explicó que el programa tiene una meta clara: “Nosotros buscamos a las personas que hacen daño a la comunidad, ese es nuestro enfoque”, agregando que se habla específicamente de “personas arrestadas que tienen un prontuario criminal que representan un peligro para la ciudad”.
Las dudas
No es un secreto. La administración del presidente Donald Trump ha sido clara. Las prioridades de deportación han cambiado. Ahora, no sólo los indocumentados con prontuario criminal son la meta para ICE, sino que cualquier persona sin documentos es objetivo de esta agencia federal.
Por esta razón, miembros de la comunidad que asistieron a una charla pública entre ICE y Metro en la que se discutía precisamente la colaboración entre ambos organizaciones por medio de la 287-g, mostraron sus dudas al respecto.
Para Erika Castro, de la organización Progressive Leadership Alliance of Nevada, el problema radica en que “Metro tiene el derecho de reportar inmediatamente a ICE cuando alguien está detenido. Y es cuando la persona sin saber si es culpable o no queda en manos de ICE. Y si luego se demuestra su inocencia igual ICE puede deportarlo sin haber cometido ningún crimen”.
En efecto, y según lo declarado por Henry Yates, vocero de ICE presente en la reunión, Castro tiene razón. Y es que Yates fue enfático al explicar que el proceso puede variar de acuerdo al estatus migratorio del detenido. “Si tiene estatus legal, bien sea residente o no inmigrante, si los cargos se retiran ICE no actúa. Pero si están ilegalmente en el país no necesitamos una convicción legal para deportarlos”. Es decir, pueden ser deportados incluso si se demuestra su inocencia por el delito por el cual fue detenido inicialmente.
“Como Pilatos”
“Se lavan las manos como Pilatos” comentó a las afueras de la reunión Carlos Fernández, un inmigrante que llegó a los Estados Unidos en 1989 y que se hizo ciudadano hace poco. “Yo fui indocumentado, sé lo que se siente el tener miedo a la deportación. La policía con esta 287-g puede terminar entregando a personas inocentes y condenándolos a la deportación”.
Y es que Metro actúa hasta cierto punto. Luego de entregarle a ICE al indocumentado su responsabilidad termina y a partir de entonces queda a disposición de inmigración, lo que implica que Metro no puede garantizar que una persona inocente evite una posible deportación. Una situación a la que podrían estar expuestas las personas indocumentadas ahora con más frecuencia, ya que ICE visita la cárcel del Condado Clark los siete días de la semana en horas de la mañana.
Cuando el programa inició, Metro dejó claro que la idea del mismo era sacar de las calles a lo peor de lo peor, es decir a criminales peligrosos que atentan contra la comunidad.
En ese sentido, Richard Forbus, de la Policía Metropolitana de Las Vegas, aclaró que quienes ingresan al centro de detención del condado Clark son delincuentes de alto perfil y que personas con faltas menores nunca entran en contacto con el 287-g.
De igual manera el oficial de información Ocampo-Gomez aclaró que “los oficiales que patrullan no tienen el poder de un agente de inmigración. Su misión es proteger, servir y resolver problemas de la mano con la comunidad”, insistiendo que este es un programa que sólo se aplica en la cárcel del condado.
Sin embargo para Erika Castro y otros miembros de organizaciones sociales el programa debe terminar. “Nos oponemos porque permite colaboración entre metro y ICE. Queremos que cada uno haga su trabajo de manera separada y que cada uno se dedique a sus labores. En los estados donde se aplica este acuerdo 287 G la gente colabora menos con la policía porque tiene miedo a ser deportada.”
Ocampo-Gómez reiteró que están para servir a la comunidad y que no deben temer a los oficiales y que la colaboración de la comunidad para esclarecer crímenes y delitos es vital para tener una ciudad más segura.
