Por MICHAEL TARM y SOPHIA TAREEN
El alcalde Rahm Emanuel ha llevado su lucha contra las políticas de inmigración del presidente Donald Trump hasta los tribunales, y Chicago se convirtió el lunes en una de las primeras urbes que demandan al gobierno federal por lo que muchas ciudades consideran es una pretensión ilegal de retener subvenciones a las llamadas ciudades santuario.
Horas después, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, respondió a Chicago y afirmó que el gobierno de Trump “sencillamente no entregará subvenciones a gobiernos de ciudades que orgullosamente violan el estado de derecho y protegen a extranjeros delincuentes a expensas de la seguridad pública”.
“Es muy sencillo: Cumplan con la ley o renuncien a los dólares de los contribuyentes”, dijo Sessions en una declaración.
La demanda de 46 páginas, en la que Sessions es uno de los demandados, fue presentada en la Corte Federal de Distrito en Chicago un día después de que Emanuel la anunció, con la advertencia de que la ciudad no sería “chantajeada” para que cambie sus valores como una urbe hospitalaria con los inmigrantes.
Es un nuevo episodio de la batalla que libran varias ciudades estadounidenses contra el gobierno de Trump. Las urbes han optado por restringir su cooperación con las autoridades de inmigración, mientras que funcionarios federales amenazan con retenerles recursos relacionados con la seguridad pública si no acatan las disposiciones.
Aunque los cálculos varían, se cree que existen unas 300 jurisdicciones, entre ciudades y condados, que tienen políticas santuario. Nueva York y Filadelfia figuran entre las otras ciudades más grandes con ese tipo de políticas.
Ahora que la demanda ya fue entablada, el primer paso será pedir a un juez que congele la política mientras se procesa el caso civil, dijo Edward Siskel, jefe del departamento legal del ayuntamiento. Esa solicitud de un interdicto preliminar podría presentarse en cuestión de días.
Chicago ha recibido las subvenciones que son materia de la demanda desde 2005. La ciudad canalizó 33 millones de dólares de las subvenciones a la compra de casi 1.000 vehículos policiales en ese periodo de 12 años. El año pasado recibió 2,3 millones de dólares. Además de vehículos, los recursos también se emplearon para la adquisición de radios y equipo para el grupo de élite SWAT.
Aunque las subvenciones representan una fracción del presupuesto de seguridad pública de Chicago, Emanuel ha dicho que enfrentar al gobierno en tribunales podría ayudar a impedir la retención de recursos después. Emanuel dijo que las medidas decretadas por Trump hasta la fecha son sólo la punta del iceberg.
En su declaración del lunes, Sessions dijo que Chicago sobresale en su “abierta hostilidad” en contra de las leyes de inmigración.
“Quizá hasta un grado que ninguna otra jurisdicción supera, los líderes políticos de Chicago optan deliberada e intencionalmente por adoptar una política que obstaculiza el sistema legal de inmigración del país”, afirmó.
La demanda de Chicago se concentra en las nuevas condiciones que el secretario de Justicia impuso a las ciudades para que puedan recibir las subvenciones. Estas incluyen compartir con las agencias federales expedientes sobre la condición migratoria de personas, avisarles con 48 horas de anticipación cuando un detenido será puesto en libertad en caso de que se sospeche que ha incurrido en infracciones de inmigración, y permitir a los agentes federales acceso irrestricto a las prisiones.
“El gobierno”, según la demanda, no puede imponer “de manera unilateral” nuevas condiciones que no fueron aprobadas por el Congreso “y eso federalizaría las prisiones y comisarías locales, ordenaría detenciones sin orden judicial para investigar infracciones civiles federales, sembraría el miedo entre las comunidades locales de inmigrantes y a la larga mermaría la seguridad de las personas en Chicago”.
Las políticas de Chicago de ciudad santuario se remontan a mediados de la década de 1980, y los gobiernos posteriores han ratificado o ampliado las protecciones a los inmigrantes.
La policía local tiene prohibido permitir que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tenga acceso a personas detenidas, a menos de que pese sobre ellas una orden judicial de captura o tengan antecedentes penales graves.
Tampoco puede permitir que los agentes del ICE utilicen sus instalaciones para efectuar interrogatorios o investigaciones, y no debe responder a sus preguntas o hablar con ellos sobre el estatus de un detenido o su fecha de liberación.
Las autoridades de la ciudad afirman que las políticas contribuyen a que los residentes de la comunidad inmigrante informen a la policía cuando sean víctimas de delitos.
“Si Chicago se somete a las exigencias del Departamento, perdería décadas de confianza y buena voluntad que la fuerza policial local se ha ganado en las comunidades a las que sirve”, según la nueva demanda. “Y como lo han mostrado décadas de experiencia, ese tipo de confianza, una vez que se pierde, se ha perdido siempre”.
Sessions aludió a los argumentos también expuestos por Trump de que la aplicación de las leyes de inmigración puede reducir la delincuencia. Sessions dijo que la “hostilidad” de Chicago a esas leyes es especialmente “increíble” cuando la cifra de homicidios de 2016 en la ciudad rebasó las de Nueva York y Los Ángeles.
“Las autoridades de la ciudad no pueden acatar algunas leyes e ignorar otras, y esperar en forma razonable una mejora en esa situación horrible”, señaló.
También señaló las quejas de Emanuel de que la ciudad tendría que reordenar viejas políticas para ajustarlas a las nuevas circunstancias.
“Eso es precisamente lo que Chicago necesita: un nuevo compromiso con el estado de derecho y con políticas que desmantelen la cultura de la anarquía que ha asolado a la ciudad”, dijo Sessions.
La demanda alega que la afirmación del gobierno de Trump de que las políticas de inmigración indulgentes contribuyen al crimen “dista de la realidad”.
En marzo, el Departamento de Justicia envió cartas a funcionarios de California y de ciudades importantes como Nueva York, Chicago, Filadelfia y Nueva Orleans, lugares que el inspector general del Departamento de Justicia ha identificado como urbes que restringen la información que la policía local puede facilitar a las autoridades federales de inmigración sobre las personas detenidas.
La dependencia advirtió que el gobierno castigará a las comunidades que se rehúsen a cooperar con los programas para encontrar y deportar a inmigrantes que vivan sin permiso en el país.
Sin embargo, algunas de las ciudades han mantenido su desafío a pesar del riesgo de perder recursos que las agencias policiales utilizan para costear desde cámaras corporales hasta chalecos blindados. CHICAGO (AP)
