El gobierno del presidente, Joe Biden, pidió a la Corte Suprema que desestime la apelación que había presentado la administración de Donald Trump por la cancelación de la política de “carga pública” con la cual se podía negar la residencia legal permanente a inmigrantes que recurrieran a la asistencia pública.
La procuradora general del Departamento de Justicia, Elizabeth Prelogar, solicitó que se desechara la apelación iniciada por el gobierno de Trump después que un tribunal inferior declarara ilegal esa regla.
Entre los demandantes se cuentan la Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC), la Sociedad de Ayuda Legal y el Centro por Derechos Constitucionales.
En 2019, por una orden ejecutiva, Trump autorizó a los funcionarios en las agencias de inmigración para que negaran la residencia legal permanente a las personas que, a su criterio, pudieran en el futuro recibir asistencia de programas federales.
Entre esos programas se cuentan los cupones de alimentos, el cuidado de la salud y subsidios para la vivienda, y beneficios que pudieran consistir en dinero o servicios no pagados.
En octubre de 2019 el juez George Daniels del Distrito Sur de Nueva York bloqueó la regla dictada al Departamento de Seguridad Nacional, y en enero de 2020 el Tribunal Supremo de Justicia suspendió ese bloque con lo cual la regla entró en efecto un mes más tarde.
En agosto de 2020 el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito Federal reafirmó la orden del juez Daniels y el gobierno de Trump apeló esa decisión ante el Tribunal Supremo de Justicia.
“El gobierno de Biden ha retirado, correctamente, las apelaciones contra las decisiones de tribunales que bloqueaban la regla de ‘carga pública’”, señalaron los grupos demandantes en una declaración.
La decisión del Gobierno Biden apunta a que próximamente podrían cancelar esta medida, sobre la que ya habían ordenado una revisión de sus términos poco después de que el demócrata llegara al poder el 20 de enero pasado.
“Eso aclara que esa regla ya no se aplicará”, añadieron los demandantes. “Las familias inmigrantes pueden ahora tener acceso a la asistencia para el cuidado de la salud, los alimentos y la vivienda sin temor de que pierdan su posibilidad de obtener la residencia legal permanente”.
“La regla del ex mandatario Donald Trump levantó un muro invisible en la forma de una prueba de riqueza que discriminaba contra la gente por su raza como condición para la regularización de su estatus migratorio”, señalaron los firmantes. Washington (EFE)
