El gobierno de Estados Unidos ha pagado más de 60 millones de dólares en acuerdos legales para resolver casos en los que agentes de la Patrulla Fronteriza estuvieron involucrados en muertes, presuntos asaltos, detención ilegal y lesiones al conducir.
De acuerdo con un análisis realizado por el diario británico The Guardian de más de una década de datos oficiales, los detalles encontrados en los registros judiciales despierta inquietudes sobre la historia de interacción de la Patrulla Fronteriza con civiles, tanto nativos como inmigrantes.
Los casos descubiertos mediante el examen de los registros de pago de la tesorería federal abarcan desde octubre de 2005 hasta julio de 2017.
Los documentos judiciales y los informes revelan que el gobierno federal ha resuelto al menos 20 reclamos por muerte injusta por la acción de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Estos casos han sido resueltos mediante el pago de más de nueve millones de dólares a las familias de las victimas desde 2003, en incidentes que incluyen disparos, golpes, uso de armas Taser y colisiones con vehículos.
The Guardian encontró que una demanda por homicidio culposo presentada por la familia de Francisco Manuel Cesena se saldó con 350 mil dólares en febrero de este año.
El análisis reveló que se pagaron casi 47 millones de dólares por daños y perjuicios resultantes de la supuesta conducción imprudente de agentes fronterizos.
De más de mil 300 de esos pagos, realizados en estados de todo el país, una revisión de 40 casos con registros judiciales disponibles el diario encontró que seis accidentes fueron mortales y 18 provocaron lesiones graves, incluidas amputaciones y discapacidad.
La viuda de Miguel Castillo-López lo describió como un "padre amoroso y obediente" en una demanda por homicidio culposo resuelta por el gobierno federal mediante el pago de 45 mil dólares.
Cuatro personas, incluidos dos ciudadanos estadunidenses y un residente legal permanente, recibieron indemnizaciones por haber sido deportados erróneamente.
Nueve personas, incluidos tres ciudadanos, dos inmigrantes con estatus legal y dos turistas, recibieron también compensaciones por detenciones ilegales de entre cuatro días y dos meses.
De acuerdo con el rotativo, el gobierno federal pagó más de 650 mil dólares en acuerdos de indemnización en casos en los que cuatro personas recibieron disparos de agentes fronterizos y sobrevivieron.
Jesús Castro Romo sobrevivió a un disparo de un agente de la Patrulla Fronteriza, por lo que recibió un acuerdo de 490 mil dólares en 2015.
Los datos también revelaron otros seis millones de dólares en acuerdos derivados de una gama de otras denuncias que involucran la fuerza no letal y violaciones a los derechos civiles.
Las demandas fueron presentadas por hombres y mujeres que dijeron que tenían un perfil racial, fueron registrados de manera irracional, fueron detenidos durante horas y en algunos casos fueron agredidos.
El análisis de The Guardian surge luego que el agente de la Patrulla Fronteriza Lonnie Swartz fue absuelto la semana pasada por una Corte Federal en Tucson, Arizona, de un cargo por asesinato del adolescente mexicano José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, quien murió luego de que Swartz le disparara 16 veces hacia México. Dallas (NOTIMEX)
